La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado "cero mensajes" instantáneos en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo ha levantado este jueves el secreto de los informes periciales de los dispositivos informáticos incautados al fiscal general, que está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos sobre los correos en los que González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de beneficios por la venta de mascarillas en la pandemia.

Fue el pasado 30 de octubre cuando la UCO registró el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado. Tras más de 10 horas, copiaron el contenido íntegro de los dos teléfonos móviles del jefe del Ministerio Público, su ordenador y una tableta para analizar los datos comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo de este año.

Una copia de la cadena de correos y "cero mensajes"

En el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso MLK News una vez se ha alzado el secreto, se desglosa el contenido de los dispositivos: dos archivos con una copia de la cadena de correos que cruzaron la defensa de González Amador y el fiscal de Delitos Económicos y 45 correos sin interés para la causa. Asimismo, han encontrado "cero mensajes" instantáneos en el periodo analizado.

Según expone la UCO en el oficio, García Ortiz recibió la copia de los mensajes a través de un correo electrónico de la Fiscalía Provincial de Madrid el 13 de marzo a las 23:45 horas, seis minutos antes de que algunos medios hicieran referencia a la información esa noche. El polémico correo que investiga el Supremo, no obstante, fue publicado la mañana del 14 de marzo.

Señala también que la conversación entre el abogado y el fiscal está fechada el 12 de marzo y que el reenvío a la Fiscalía se produjo al día siguiente a las 23:44 horas.

Hasta ahora, únicamente se había conocido el informe elaborado por la UCO en relación con el contenido de los dispositivos informáticos requisados en el registro realizado ese mismo 30 de octubre en el despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada. En él, hicieron un relato cronológico de "todas las comunicaciones" entre Rodríguez y otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados.

Los investigadores concluyeron en el documento que "desde las 21:59 (del 13 de marzo), hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" que tienen acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que este se publicará".

Manos Limpias ve "inverosímil" que no haya mensajes

Tras hacerse público el contenido del informe, Manos limpias ha presentado un escrito solicitando al Supremo que oficie a Meta, Apple y a la propietaria de Google Drive para que entreguen la copia de lo que hubiera en la nube del móvil del fiscal general porque les resulta "inverosímil" que no recibiera o enviara mensajes, lo que les lleva a deducir que García Ortiz haya podido proceder a su borrado.

Desde la Fiscalía, sin embargo, indican que se lleva a cabo el borrado de todos los mensajes de forma periódica como protocolo de seguridad para la protección de datos. De este modo, según la Guía Básica de actuaciones del Ministerio Público, los integrantes deben limitar y encriptar la información almacenada en soportes electrónicos portátiles, formatear los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario y no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico.

La UCO deduce que Moncloa conocía el correo antes de que se publicara

El magistrado Ángel Hurtado también ha alzado el secreto sobre los dispositivos del exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato. En su caso, entregó su móvil voluntariamente tras declarar como testigo el pasado 20 de noviembre después de conocerse que la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera le mandó la carta que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía de Madrid para reconocer dos delitos fiscales a fin de llegar a un acuerdo.

Al exhibir el acta notarial donde Lobato dejó constancia de los mensajes de WhatsApp intercambiados desde las 8:29 horas del 14 de marzo con Sánchez Acera, una acusación popular apreció cierta discontinuidad cronológica, por lo que propuso examinar directamente el móvil del ex dirigente socialista, algo a lo que éste accedió y que el juez acordó.

Tras el análisis, la UCO ha concluido que el correo electrónico acabó en manos de Juan Lobato antes de que se publicara en la prensa, y ha apuntado a varios cargos de Moncloa: Sánchez Acera, el que era secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el ex director de comunicación del PSOE Ion Antolín, ahora al cargo de la Secretaría de Estado de Comunicación.

En el caso de Vallés, la UCO cree que podría haber tenido un rol de coordinación de las informaciones sobre la causa, ya que entre los días 13 y 14 de marzo en el chat de Whatsapp de Lobato y Vallés "solo tratan noticias e informaciones" relacionadas con González Amador; mientras que Sánchez Acera podría ser conocedora de la filtración de los mensajes a un medio de comunicación, El Plural.

Hubo acceso al correo antes de que fuera publicado

Según expone el oficio, los hechos arrancan la mañana del 14 de marzo, cuando Sánchez Acera se puso en contacto con Lobato para remitirle una captura de imagen del correo íntegro de González Amador –en él aparecían incluso los datos personales de los implicados en la conversación– y pedirle que lo utilizara en el debate de la Asamblea de Madrid. En respuesta, el entonces líder del PSOE madrileño les preguntó tanto a ella como a Vallés si el email había sido publicado en algún medio.

En relación con esto, los investigadores sostienen que el email íntegro "no había sido publicado en los medios de comunicación a las 8:29 horas" –solo se hacía referencia a él mediante fuentes y frases textuales–, cuando ya estaba en poder de Sánchez Acera, por lo que concluyen que "su procedencia no puede ser la publicación en medios". No obstante, subrayan que la asesora de Moncloa le indicó a Lobato que el correo iba a "salir" antes de que él compareciera públicamente y que le avisaría cuando estuviese publicado en la prensa.

De hecho, el informe destaca que Lobato pide que le informen de la fuente de donde procede la información, alegando que si no "parece que me lo ha pasado la Fiscalía", una circunstancia que "llama la atención" porque no hace referencia "a cualquier otro potencial interviniente o utilizase una terminología más ambigua".

Igualmente, señala que "desde un primer momento" es consciente de que publicar la información contenida en ese correo electrónico "podría constituir, al menos, algún tipo de irregularidad y transmite preocupación por ello" y de que la publicación en prensa del mismo "le eximiría de cualquier responsabilidad si lo mostrase".

Precisamente, ante las dudas de Lobato acerca del origen del correo, tanto Vallés como Acera le hacen llegar más tarde el enlace de una noticia publicada a las 9:06 horas en El Plural en el que aparece el correo íntegro, aunque con los datos personales tapados. Esa versión sería la que el socialista madrileño expuso en el pleno más tarde, lo que implicaría que no reveló ningún secreto.

No obstante, todo esto lleva a los investigadores a señalar que Sánchez Acera podría tener "información certera" sobre la filtración del correo al medio digital que publicaría el email.