El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro y diputado José Ábalos, al haber encontrado contra él, de las diligencias practicadas hasta este momento, “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El juez ha dictado un auto en el que sostiene que lo declarado por Ábalos la semana pasada "no se aviene" con los documentos y declaraciones que obran en el sumario, que contienen indicios de que pudo prevalerse de su condición de ministro de Transportes para, a cambio de determinados beneficios económicos, determinar la adjudicación de contratos para la adquisición de material sanitario a las empresas de Víctor de Aldama durante la pandemia de covid 19.

Según el magistrado, en este momento, "parece indiciariamente justificado" que se benefició del pago del alquiler de la vivienda de su novia en Madrid, del alquiler con opción a compra de un chalet en Cádiz y de un contrato de alquiler con opción de compra de un piso en el paseo de la Castellana de Madrid por un precio "muy inferior" al de mercado.

Por su condición de diputado, Ábalos goza de aforamiento, por lo que el Supremo debe pedir al Congreso que levante su inmunidad y así poder investigarlo, algo que el juez instructor considera "imprescindible" en este momento para poder "avanzar en el camino procesal".

Lo hace tras escuchar las declaraciones del empresario Víctor de Aldama y de Koldo García, asesor del ministro, pero también por lo que se desprende de los documentos que ellos aportaron y del resultado de las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios que se llevaron a término en la causa seguida ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El juez expone que De Aldama, aprovechando la relación personal que le unía con Koldo García, "habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, S.L.".

Koldo García, añade, "intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización".

Y sostiene que José Luis Ábalos Meco "también intervenía" en esas operaciones "personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado”.

El PSOE votará a favor del suplicatorio

El PSOE votará a favor del suplicatorio del exministro José Luis Ábalos para que la justicia pueda seguir su investigación sobre el exsecretario de organización del partido.

Según ha confirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, el grupo parlamentario socialista votará a favor en el pleno del Congreso cuando se someta a votación el suplicatorio de Ábalos pedido por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

"Como hemos hecho siempre, respetamos las decisiones de la justicia, votaremos a favor del suplicatorio porque como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la justicia vaya hasta el final, aclare el asunto y determine las responsabilidades que hay en él", ha dicho López a la prensa en el Congreso.

En esa misma línea se ha expresado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha dicho que el PSOE y el Gobierno siempre han colaborado con la justicia y quieren "que se esclarezcan los hechos cuanto antes y que también que las personas que se están viendo falsamente acusadas puedan recuperar su honor y su buen nombre lo antes posible".

También Sumar votará a favor del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. "La transparencia y la lucha contra la corrupción son los valores del Grupo Parlamentario Plurinacional. Hay que ir hasta el final, venga de donde venga y caiga quien caiga. Toda la confianza en el procedimiento judicial", han apuntado fuentes del partido.

El PP: "Parece que el Supremo da más credibilidad a la 'inventada' de Aldama"

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha mostrado muy irónica a la decisión del Supremo de pedir el suplicatorio para Ábalos y ha asegurado que parece que el Alto Tribunal "da más credibilidad a la 'inventada' de Aldama" que a lo que declararon Koldo y el exministro en sede judicial.

"Por cierto, hay que recordar que Ábalos es aforado gracias a que el "número uno" le hizo diputado. Quizás por eso, no dispara hacia arriba. ¿Favor con favor se paga?", ha escrito en su cuenta de la red social X la también diputada 'popular' en el Congreso.

Rufián: "Si tiene pecado, ERC actuará en consecuencia"

Además, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avanzado, tras enterarse de que el Tribunal Supremo ha pedido el suplicatorio para poder investigar al exministro, que si el ahora diputado del Grupo Mixto "tiene pecado" su grupo "actuará en consecuencia".

Así lo ha dicho en lo pasillos de la Cámara, donde ha reconocido que aún no han hablado en el seno del grupo parlamentario sobre el qué votarán cuando este asunto llegue al Pleno puesto que acababa de enterarse de la decisión.

Eso sí, ya ha dejado entrever su predisposición a apoyar que se levante el fuero a Ábalos para que pueda ser investigado por su presunta vinculación con la trama de mordidas y adjudicaciones de los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia por la que se investiga también a su exasesor en Transportes, Koldo García.

El pleno del Congreso no decidirá antes de febrero

El pleno del Congreso no decidirá antes de febrero sobre el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para el exministro José Luis Ábalos.

El suplicatorio es un requisito por el que la justicia pide al Congreso o al Senado poder actuar contra algún miembro del poder legislativo, y sin su aprobación no pueden ser procesados.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara baja, la presidenta de esta institución, Francina Armengol, previo acuerdo adoptado por la Mesa lo remitirá en el plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Esta comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de 30 días, tras dar audiencia al interesado, en este caso el exministro y ex secretario de Organización del PSOE. La audiencia podrá hacerse efectiva de forma presencial ante la propia comisión o bien por escrito.

Una vez que haya concluido el trabajo de esta comisión, que actualmente está presidida por el diputado del PP, Manuel Cobo, el suplicatorio será sometido a votación en el primer pleno ordinario que tenga previsto celebrar el Congreso.

En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del pleno que concede o deniega la autorización solicitada, Armengol deberá dar traslado del mismo al Tribunal Supremo, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la cámara los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado.

Un trámite en el que no habrá retrasos

El suplicatorio, según el citado Reglamento, se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

Fuentes parlamentarias han asegurado a EFE que ni por parte de Armengol ni de la Mesa de la cámara habrá retraso alguno para tramitar el suplicatorio de Ábalos, ante el que el PSOE ya anunciado que votará a favor de su concesión.

A la vista de los plazos legales, la previsión es que el pleno del Congreso no decida hasta febrero sobre la petición del Tribunal Supremo.

Esta semana, en principio, es la última con pleno del Congreso en el presente año; en enero no hay sesiones plenarias con carácter ordinario y la cámara recobra la actividad habitual a partir del 1 de febrero.

Pero la presidenta del Congreso puede convocar en cualquier momento una reunión de la Mesa de la cámara en la que en su orden del día se incluya el suplicatorio pedido contra Ábalos para enviarlo después a la comisión del Estatuto de los Diputados.

A la espera de cuándo se convoca la reunión de la Mesa, sí hay posibilidad de que esta comisión trabaje en enero para continuar con esa tramitación.

Por tanto, si fuera así y teniendo en cuenta los 30 días que tiene para ello, podría tener listo su dictamen a finales de enero para que pudiera ser aprobado al mes siguiente por el pleno del Congreso.